Debido a las presiones de Estados Unidos y del FMI el gobierno se vió
obligado a liberar el mercado de cambios antes de lo previsto y a proteger a
los bancos, decidiendo que sean sólo las casas de cambio las habilitadas
para vender y comprar divisas. Pero se trata de un mecanismo aparente. Son
los bancos los que proveen de dólares a las casas de cambio, para oxigenar
así de pesos a las grandes empresas deudoras que ahora pagaran sus cuentas
en signo nacional, después de haberlas licuado a través de la "pesificación"
uno a uno. Entonces, ¿en esa licuación, pierden los bancos? No, de ninguna
manera. Si bien originalmente "pesificaron" sus créditos a un peso por un
dólar y sus deudas a 1,40 pesos por dólar, el Estado emite títulos de su
deuda a favor de la bancos para compensar esa supuesta pérdidas, pero son
bonos canjeables por dólares billete.
Esta complicada operación representaría un valor total de 11.000 millones de
dólares de beneficio para la banca, casi la misma cifra que, en cumplimiento
del régimen bancario anterior, tiene depositados en el Banco Central.
Ya llevamos contabilizados a favor de los bancos una incautación de 74.000
millones de dólares en un plazo no superior a los 90 días. Aunque Argentina
nunca hubiese entrado en "default" y se caracterizase por poseer una
economía en crecimiento y ser una impecable pagadora de sus deudas, nunca,
jamás, la banca acreedora hubiese podido soñar con recibir, en tan poco
tiempo, el pago de casi la mitad de todos sus créditos a este país. Y con un
agravante, pese a haberse quedado con 74.000 millones dólares, la banca
acreedora -reiteramos que muy especialmente la norteamericana- sigue siendo
acreedora de la deuda externa argentina formal.
Pero hay más. El Banco Central, que ve reducir sus reservas reales a pasos
acelerados porque lanza dólares al mercado para tratar sin éxito de
controlar la cotización de la divisa, en algo más de cuatro meses lleva
prestados a los bancos unos 16.000 millones de dólares, préstamos que no han
sido ni serán devueltos porque los bancos dicen que están en quiebra. Esos
90.000 millones de dólares fueron sacados del país por lo bancos que
actualmente le dicen a sus clientes que no tienen efectivo para hacerle
frente a las cuentas a la vista ni para reembolsar los depósitos a plazo.
Entre marzo y noviembre del año pasado, esos mismos bancos, con los
norteamericanos a la cabeza -aunque los europeos como el BBV, Santader y
Credit Agricole recurrieron al mismo mecanismo- ya habían fugado del país
unos 20.000 millones de dólares.
En resumen. En casi catorce meses, el sistema bancario que opera en
Argentina succionó hacia el exterior unos 110.000 millones de dólares,
aunque como ya lo señalamos todavía tiene en su poder los títulos para
demandar el cobro de la deuda externa, cobro cuya efectividad está a cargo
de la oficina de relaciones políticas del IPG, más conocida como Fondo
Monetario Internacional (FMI).
En tanto dentro de la plaza monetaria local quedaron sólo 50.000 millones de
pesos devaluados frente al dólar en más de un 300 por ciento y expresados en
ese signo y en cuasi monedas provinciales y federales. Los tenedores de esas
masas monetarias solamente tienen dos objetivos: no ser capturados por los
bancos y concurrir al mercado cambiario en pos de dólares.
Aquellos 110.000 millones de dólares incautados por los bancos fueron a
parar al circuito "offshore" del mismo sistema bancario, en el cual se
cobran tasas de interés a veces más altas que la ordinarias, a la vez que se
recibe protección y resguardo frente a los regímenes fiscales e impositivos.
Todos tienen el derecho de preguntarse adónde fue a parar ese dinero, pero
no hay que pensar en la existencia de túneles secretos ni de senderos
tortuosos. Es muy probable que esos dineros hayan sido cobrados a través de
cuentas bancarias abiertas fuera de la Argentina, sobre todo en plazas
"offshore" como Islas Caimán y Antigua, pero también en Canadá y en la isla
de Mann, en Gran Bretaña.
Generalmente, esas masas dinerarias regresan al circuito legal a través de
algunos de los tantos fondos de inversión más fuertes del planeta. Además,
buena parte del dinero succionado a la Argentina vía fuga de capitales
sirvió para engrosar las masas líquidas y exentas de todo impuesto
acumuladas en la banca "offshore" y que la economía de Estados Unidos
(cabeza política y militar del Imperio Global Privatizado) necesitó para
ejecutar la operación de lavado de dinero más importante de las últimas
décadas: usando la excusa de los atentados del 11 de septiembre del 2001, el
corporativismo empresario y financiero norteamericano recibió una inyección
de más de 500.000 mil millones de dólares, bocanada de aire financiero vital
para proseguir su campaña en pos del hegemonismo dentro del IPG, frente a
los intereses de la Unión Europea (UE) y de la nueva emergencia del Sudeste
asiático, esta vez de la mano de China (país reconocido por el FMI como
próxima cuenca de poder económico).
Otra parte significativa del botín sustraído de la Argentina será utilizado
por el mismo sistema bancario -a través de financiaciones directas y de sus
fondos de inversión- para adquirir una significativa parte de la empresas
privadas locales que se encuentran en "default", que acumulado llega a los
5.000 millones de dólares.
Es por eso que el FMI presiona para que el gobierno argentino ponga en
vigencia una norma que el IPG considera imprescindibles -una nueva ley de
quiebras- y para que derogue otra que considera inaceptable, la llamada ley
de subversión económica.
Si se sanciona un nuevo régimen de quiebras a gusto del FMI, ninguno de los
grupos locales que se encuentran en estado de precariedad financiera podrá
soportar las presiones de su acreedores, en su mayoría bancos del sistema
que provocó, con la complicidad de la corporación política nativa, la
destrucción de la economía local.
Si el FMI logra finalmente la derogación de la ley de subversión económica,
todos los banqueros que por presión popular se están viendo sometidos a la
justicia -acusados de maniobras fraudulentas- deberían quedar fuera del
alcance de los tribunales, gozando de total impunidad.
Sin esas operaciones no existiría el capitalismo
En el ya citado libro "El color del dinero", el autor de este artículo
señala que las autoridades fiscales y de contralor policial de los países
desarrollados -con Estados Unidos en primer lugar- gastan millones de
dólares por año para imponer y supuestamente hacer observar estrictas
legislaciones contra la economía negra, la evasión fiscal y el lavado de
dinero. Sin embargo, esa actividad estatal esconde un doble discurso, porque
el modelo económico global del tercer milenio necesita del dinero negro o
asistemático, como lo denominan los técnicos, de la misma forma que depende
del dinero blanco, legal o sistemático.
Los capitales pasan de la ilegalidad a la legalidad con total facilidad, y
es lícito sospechar que sucede así porque así lo permiten las reglas de
juego, las que por lo tanto no están tan comprometidas como parece en la
lucha contra el dinero sucio. "¿Alguien revisa el origen de los capitales de
los inversores extranjeros?", preguntó el fiscal norteamericano John Moscow
durante un ciclo de jornadas sobre prevención del fraude y la corrupción,
realizado en Buenos Aires en abril de 1998. "El poder se desplazó de los
gobiernos a las empresas", sentenció en aquella oportunidad el fiscal
neoyorquino, frase que de alguna forma -inclusive involuntaria- remite a la
categoría de análisis que venimos desarrollando en esta serie de artículos
distribuidos por "La Otra Aldea": la del Imperio Global Privatizado.
Los servicios de inteligencia del Tesoro norteamericano nos dan una versión
más descarnada. Reconocen que el sistema no quiere -ni le conviene- acabar
con la economía negra. Simplemente hay que regularla, para que no se rompan
las cotas de un equilibrio emprendedor; es decir, para que los montos
asistemáticos que circulan en el mundo no provoquen una reducción drástica
de las masas monetarias sistemáticas que se necesitan para mantener las
bases imponibles de los Estados, y por consiguiente la sobrevivencia de sus
respectivas burocracias. Claro que ese punto de equilibrio comenzó a
desplazarse unos cuantos grados a favor del dinero negro en la medida que
los Estados de la modernidad pasan a ser paulatinamente reemplazados en sus
funciones por las corporaciones privadas multinacionales, fenómeno éste que
su ubica en el centro de nuestra concepción acerca del Imperio Global
Privatizado.
En ocasión de nuestra investigación que culminó en el libro "El color del
dinero" fuentes del propio gobierno norteamericano admitían lo siguiente: la
secretaría del Tesoro y todas las agencias gubernamentales de Washington
están comprometidas sólo con la salud del dólar y con la seguridad nacional
de los Estados Unidos, con el cumplimiento de sus leyes impositivas y con el
crecimiento y la estabilidad de su economía; todo el resto es un juego de
dialéctica política.
Aduciendo que al luchar contra el lavado de dinero los bancos sufren graves
cargas administrativas, el gobierno de los Estados Unidos flexibilizó el
sistema de normas que exige a aquellos declarar las transacciones en
efectivo realizadas por su clientes. Según disposiciones establecidas por el
FINCEN -oficina antilavado de la secretaría del Tesoro- desde setiembre de
1998, los bancos pueden efectuar operaciones en efectivo con la mayoría de
los clientes comerciales sin tener que cumplir con las comprobaciones sobre
el origen de fondos que se exigían para todos los depósitos superiores a los
10.000 dólares, comprobaciones que quedaron vigentes sólo para clientes
personales y para un pequeño grupo de empresas excluidas de ese privilegio.
"Estoy muy satisfecho con el resultado de las nuevas medidas", dijo feliz de
la vida John Byrne, uno de los principales asesores jurídicos de la
Asociación de Banqueros de los Estados Unidos.
Planteado el problema en estos términos, las grandes corporaciones
financieras tienen en claro que su propios intereses dependen del flujo de
capitales de que dispongan los principales centros de riesgo financiero del
planeta -los llamados mercados emergentes- y no les importa el color ni la
legalidad de esos flujos.
La ecuación es muy simple: para que la rueda dineraria del mundo globalizado
siga funcionando, el sistema necesita de dos masas monetarias (la
sistemática y la asistemática) que no se desequilibren y se compensen en
forma recíproca. Ya vimos que, por ahora, el mundo globalizado necesita del
dinero sistemático porque sin él es imposible pensar en bases imponibles,
pero también necesita de la segunda, para lavarlo oportunamente porque el
dinero sistemático no alcanza para financiar el engranaje planetario, y
sobre todo porque se trata de una masa monetaria que se exime de los costos
impositivos originales, lo que equivale a decir que constituye lo que se
llama capital neto.
Esa ecuación debe mantenerse en equilibro. Si la masa de dinero legal
aumenta demasiado en desmedro de la masa de origen negro, disminuye el
capital neto, se achica la capacidad de pago de los deudores, decrece la
inversión y aumenta el desempleo. Si, al revés, la que se sale de cauce es
la masa en negro, entonces se achican las bases imponibles y corre peligro
la existencia burocrática de la maquinaria estatal que todavía necesita el
Imperio Global Privatizado. Las instituciones de contralor y policía creadas
y mantenidas por los Estados centrales tienen por fin controlar el
equilibrio de esa ecuación y bregar para que la mayor parte posible de
capitales negros se laven en sus respectivas bancas de bandera.
A Estados Unidos, por ejemplo, no le interesa si las grandes corporaciones
que tienen sede principal en su territorio evaden impuestos en otros países;
es más, le conviene que así sea, porque se trata de sumas de dinero a lavar
a través de la propia banca norteamericana.
Pero no debemos equivocarnos. Estos mecanismos del capitalismo, amparados en
el doble discurso, en el velo de los políticamente correcto, no nacieron con
el Imperio Global Privatizado. Surgieron con los orígenes mismos del
capitalismo y se consolidaron durante el período preimperialista. Buena
parte de la acumulación financiera de Gran Bretaña durante los siglos XVIII
y XIX fue posible gracias a los fondos clandestinos que generaba el tráfico
de opio en China y en todo el Lejano Oriente. Para administrar esos fondos,
la Compañía de las Indias Orientales, la corporación privada a través de la
cual la Corona ejercía su potestad en aquellas colonias, fundó el Hong Kong
and Shangai Bank. En ese banco se formaron personajes como Cecil Rhodes, uno
de los pioneros en los negocios de Wall Sreet.
En 1776, un empleado de la Compañía de las Indias Orientales escribió: "Los
servidores de la compañía han intentado en varias ocasiones establecer en
provecho propio el monopolio de algunas de las más importantes ramas no sólo
del comercio exterior, sino del comercio interno del país (...). En el
transcurso de uno o dos siglos, la política de la compañía inglesa habrá
resultado tan destructiva como la de la holandesa (...). No obstante, nada
puede ser más directamente contrario al interés real de las compañías en
tanto soberanas de los países que han conquistado (...). Está en su interés-
del soberano- por consiguiente, aumentar en lo posible ese producto -el
opio- anual. Pero si bien esto corresponde al interés de todos los
soberanos, lo es peculiarmente de aquellos cuyas rentas, como las del
soberano de Bengala, surgen principalmente de la renta del suelo. Esa renta
debe guardar proporción, necesariamente, con la cantidad y calidad del
producto, y tanto la una como la otra deben depender de la extensión del
mercado". Ese empleado de la Compañía se llamaba Adam Smith -padre de la
economía política del capitalismo moderno- y el texto pertenece a su obra
capital, "La riqueza de las naciones".
Y para finalizar, valga el siguiente recordatorio: el Hong Kong Shangai Bank
fundado para hacer circular los tesoros del opio en aquella lejana China es
el mismo Hong Kong Shangai Bank (HSBC) que participó, junto a otras varias
corporaciones financieras, en el saqueo que está sufriendo la Argentina.
El autor de esa nota es periodista y escritor argentino. Es autor de varios
libros, entre ellos "El color del dinero" (1999) y "Bush & ben Laden S.A"
(2001). Durante casi tres décadas ejerció el periodismo en distintas
agencias internacionales de noticias y en periódicos y revistas de América
Latina y Europa. Actualmente vive en Buenos Aires y ejerce el periodismo
independiente. Es columnista de "El Corresponsal de Medio Oriente y
Africa"(www.elcorresponsal.com). A fines del año pasado lanzó el proyecto de
La Otra Aldea, como espacio de debate y reflexión sobre el Imperio Global
Privatizado.
http://empresaoffshore.blogspot.com
